CEPA incorpora 240 plazas de “outsourcing” a ley de salarios

La junta autónoma aprobó el acuerdo esta semana, el cual se comunicó en 2017. Sin embargo, Hacienda había pedido no crear plazas bajo ninguna modalidad en el marco del cambio de gobierno.

La junta directiva de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) aprobó esta semana la incorporación de 240 plazas de trabajadores que laboraban bajo la modalidad de “outsourcing” en el puerto de Acajutla, a ley de salarios. Nelson Vanegas, presidente de la empresa, se trasladó ayer a la terminal, ubicada en Sonsonate, para dar el anuncio junto al Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria (STIPES).

En 2017, la empresa pública acordó incorporar a la planta laboral del puerto de Acajutla 832 plazas de trabajadores que laboraban para las tres empresas que suministraban servicios de estiba y desestiba a la terminal, y otorgarles las prestaciones del contrato colectivo. En el mismo acuerdo se dejó estipulado que para 2019 se incorporarán otras 240 plazas “para el mantenimiento del puerto de Acajutla”.

En 2017, el gasto para el pago de remuneraciones era de $22 millones, luego el presupuesto se modificó y se le incorporaron $2.1 millones. Para 2018, con las nuevas contrataciones esta partida pasó a ser de $35.1 millones, y cerró en $38 millones con la incorporación de $2.9 millones, según datos publicados en el portal de transparencia de CEPA. Vanegas defendió la decisión tomada ese año.

Sin embargo, con la decisión se revirtió un régimen que le permitió al puerto de Acajutla convertirse en una terminal más eficiente, a principios de la década pasada, según explicó el expresidente de la autónoma Ruy César Miranda. Ayer, Vanegas dijo que la contratación de los 240 trabajadores busca “dignificar al trabajador portuario”, según consignó la cuenta de CEPA en Twitter.

“Quiero aclarar que esta no es una decisión política, es una decisión para dignificar a los trabajadores del puerto de Acajutla”, mencionó el presidente de CEPA. “Este es un compromiso que se firmó el 8 de agosto del año 2017. Esos 240 trabajadores no son plazas nuevas, son personas que han trabajado por más de 20 años en el puerto de Acajutla”, dijo, por su parte, David Melquisedec Castillo, secretario general de STIPES.

El presidente electo Nayib Bukele advirtió recientemente en su cuenta de Twitter que investigará a los funcionarios que “están contratando personal nuevo, cambiando plazas (temporales) a ley de salario, vaciando militantes en el Estado, levantando actas con fechas anteriores, incrementando salarios y promoviendo cuadros”. Tras la publicación de Bukele, el Ministerio de Hacienda difundió un comunicado para plantear que estaba prohibida la creación de plazas por cualquier modalidad: ley de salarios o contratos con financiamiento del Fondo General y que no hayan sido aprobadas por la Asamblea Legislativa.

“Se exhorta a las instituciones autónomas y empresas públicas a que los presentes lineamientos sean sometidos al conocimiento de las juntas directivas (…) para que adopten las decisiones correspondientes”, dice el comunicado. Por esta última razón es que Merlin Barrera, ministra de Economía y directora de CEPA, se abstuvo de votar por la incorporación de las plazas, según explicó. “Claramente Hacienda hace una advertencia que no teníamos que hacer estas cosas. Este es un mandato que nos da a todos”, razonó.

Por esta razón, comentó Barrera, se giró una nota a Hacienda para que se les diera una aclaración, pero esta no llegó y el acuerdo se consumó el pasado jueves. Su suplente también se abstuvo de votar. Barrera explicó que CEPA maneja su propio presupuesto y que es una institución con utilidades, por lo que reservó el recurso para poder cubrir lo correspondiente a estas plazas.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no lo incluyó en el presupuesto general de 2019 cuando se presentó a la Asamblea Legislativa. “Entiendo que una de las explicaciones que dio el ministro es que se sobrepasaba el indicador de la Ley de Responsabilidad Fiscal que dice que la masa de gasto corriente no puede superar el crecimiento del PIB nominal, eran las explicaciones que daba Hacienda”, agregó la viceministra. “Yo interpreto que mientras no tenemos un documento de Hacienda que nos indique que no estamos violentando ningún marco legal esa contratación se pudiera haber hecho, pero de manera ordenada”, agregó.