El inquisidor Meléndez

Opinión por Carlos Molina.

Douglas Meléndez, actual fiscal General, ha demostrado su servidumbre a mantener este Status Quo.

La Santa Inquisición fue una institución creada en el siglo XIII para combatir todo aquello que el poder papal en Roma consideraba como herejía. Implementado un mecanismo judicial sin garantías y con una absoluta barbarie contra todo aquel que atentaba a lo estipulado por la autoridad pontificia de aquella época.

El proceso inquisitorial se basaba en un tipo de justicia en donde el tribunal que dictaba la sentencia era también parte del proceso, en lugar de ser una instancia imparcial entre las dos partes.

En El Salvador, para nadie es una sorpresa, que el sistema judicial ha sido corrompido casi en su totalidad para beneficiar y salvaguardar los intereses de grupos de poder económicos que han hecho lo que han querido sin ley que los pueda regir.

Tristemente, la Fiscalía General de la República (FGR), es parte de esa perversa estructura que protege a ese oscuro poder que como buen titiretero, mueve los hilos de instituciones supuestamente independientes que deberían de velar por el país y sus ciudadanos en general.

Douglas Meléndez, actual fiscal general, ha demostrado su servidumbre a mantener este status quo que he mencionado. Importantes casos de corrupción como el escándalo de FECEPE, que salpica a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, o el increíble extravío de millonarias donaciones taiwanesas que involucran a personeros de ARENA, duermen el sueño de los justos. En cambio, Meléndez carga todas sus baterías contra funcionarios o personas que son un peligro para el grupo de poder, y, lo que es peor aún, sin importarle el debido proceso, trata de culpar a como de lugar a estas figuras que reclaman justicia contra el abuso de este grupo de poder. Es así, como Meléndez se convierte en el fiscal inquisidor; ideando cualquier método sucio con tal de complacer a sus patrones que han comprado jueces y fiscales.

Regresemos al caso FECEPE, que fue un fondo creado a través del decreto legislativo 565, el cual sería transferido a las empresas que conforman el sector textil con el fin de abrir fuentes de empleo para jóvenes para que recibieran un salario de más de $200; sin embargo, de acuerdo al Banco Central de Reserva, el 47% de las empresas incumplieron el acuerdo y en vez de brindar esos salarios a los empleados, fueron los directivos que se recetaron sueldos que iban de los $5,000 a los $48,000. Ana Vilma de Escobar, quien entonces era vicepresidenta de la República, era una de las encargadas de dichos fondos públicos malversados, entonces, ¿Por qué la FGR no llegó hasta ella para aclarar la situación?, ¿Por qué solo actuó de forma tibia contra directivos de mediano rango?, ¿Por qué ya no se la da prioridad a un caso donde se malversaron fondos de todos los salvadoreños? En vez de eso, el inquisidor Meléndez trata de crear todo un caso ficticio sin sustento legal alguno contra jóvenes que son acusados de crear memes parodiando un periódico de dudosa reputación. O lo que es más risible, intenta abrir procesos penales a raíz de chambres y pantomimas políticas.

Es así, como Douglas Meléndez no ejerce sus funciones desde el interés del cumplimiento de la justicia, sino, desde el interés de encerrar a cualquiera que, según el poder económico, son herejes.