El problema de la migración

El Observatorio Global sobre Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) indicó que para 2016 se estimaban más de 200,000 personas desplazadas en El Salvador. Aunado a ello, la Mesa de la sociedad civil contra desplazamiento forzado por violencia y crimen organizado, atendió en 2016 a 699 víctimas de desplazamiento forzado, en su mayoría por amenazas, homicidio o tentativa de homicidio o lesiones, cuyos perpetradores eran pandillas, quienes representan un 83.7 % de los motivos de desplazamiento, PNC/FAES el 8.1 % o grupos de exterminio el 3.2 %.

En ese sentido, se suma además que en El Salvador se carece de marco normativo actualizado en materia de migración, por ejemplo, la Ley de Extranjería data de 1986 y Ley de Migración de 1958, hablamos de la época en que el país se encontraba en conflicto armado, esto pese a que el Estado salvadoreño ha recibido múltiples recomendaciones a nivel internacional en materia de derechos humanos, es así que ante el Consejo de Derechos Humanos a través del mecanismo de Naciones Unidas denominado “Examen Periódico Universal” en 2014 recibió recomendaciones de diversos Estados respecto a migrantes y refugiados, y fue el Estado de Sierra Leona quien le recomendó a El Salvador “promover la aprobación de una nueva ley nacional de migración. Aumentar los esfuerzos para garantizar la seguridad y los derechos de los migrantes”. No existe desconocimiento en las autoridades salvadoreñas sobre la problemática.

Si bien, desde el año 2011 se encuentra en vigencia la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su familia, parece ser letra muerta, aunado a que por parte de las autoridades gubernamentales no existe apertura a reconocer el fenómeno del desplazamiento forzado, solamente lo ha hecho la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia de Amparo donde reconoció en octubre de 2017 la existencia de tal fenómeno y ordena al Órgano Ejecutivo y Legislativo a emitir normativa, protocolos y mecanismos de protección a víctimas de este fenómeno, pero no se le ha dado cumplimiento a lo ordenado por aquella.

Sobre lo anterior, la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez Damary expresó que: “…Estos reconocimientos de las deficiencias del sistema de protección que actualmente funciona en El salvador deben contribuir a inspirar una revisión necesaria por parte del Estado de sus marcos jurídicos, políticos e institucionales para la protección de los derechos humanos de todos quienes están internamente desplazados por la violencia”

Es decir, en El Salvador existe migración hacia otros lugares dentro del país y migración hacia fuera del país, en ambas, influye la violencia y problemas económicos como las dos principales causas.

El Salvador es parte de la Convención de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familias, la cual, dispone que los Estados parte tienen la obligación de adoptar medidas legislativas y de otra índole para aplicar las disposiciones de la Convención. El Estado salvadoreño ha incumplido pese a que la firmó en septiembre de 2002 y la ratificó por medio de Decreto Ejecutivo No. 1164 del 19 de febrero de 2003.

Los migrantes con destino a Estados Unidos y que son detenidos, generalmente, son deportados rápidamente, dentro de una o dos semanas después del orden final de deportación, pero esto puede no ser así, pues si la ICE (Servicio de Migración y Control de Aduanas de los Estados Unidos) no puede deportar a una persona dentro de los 90 días después de una orden final de deportación, se puede considerar para libertad supervisada.

También, puede dirigir una carta al consulado o embajada del país de origen del migrante para pedir un documento de viaje, tal documento demuestra que el migrante coopera con la ICE, aunque se recomienda no enviar dicha carta para pedir el documento de viaje al consulado o embajada del país si el migrante tiene miedo de regresar a su país, o si tiene un estatus humanitario como asilo, estatus de refugiado, retención de deportación o alivio bajo del Tratado de las Naciones Unidas contra la tortura.

En general, se puede concluir que la regulación normativa en El Salvador sobre la problemática de las migraciones, no es proporcional a la dimensión de dicho fenómeno, y que hace falta por parte del Estado, mayor regulación normativa e intervención en el tema, que tienda a garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos que se ven involucrados en esas circunstancias tan vulnerables.

 

Lic Patricio Nolasco Cuevas, abogado y notario

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