“Ley de Procedimientos Administrativos”

El próximo 13 de febrero de 2019, entrará en vigencia la Ley de Procedimientos Administrativos, la cual expresa en sus “considerandos”, que la existencia de normas claras y uniformes que rijan la actividad de la Administración Pública, garantiza en mejor forma el sometimiento de ésta al principio de legalidad, y que actualmente no existe en El Salvador una ley que regule con carácter general y uniforme los procedimientos que corresponde seguir a la Administración Pública; asimismo, que los avances en la sociedad de la información exigen el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la Administración Pública, para simplificar sus actuaciones y optimizar sus recursos.

En ese orden de ideas, la existencia de esta nueva legislación tiene por objeto regular, en síntesis, los requisitos de validez y eficacia de las actuaciones administrativas de toda la Administración Pública;  Los derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública; el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y de sus funcionarios; y, el ejercicio de la potestad normativa, así como los principios y garantías del procedimiento administrativo sancionador.

Dicha normativa, será aplicable al Órgano Ejecutivo y sus dependencias, a las entidades autónomas y demás entidades públicas; y a las municipalidades, en cuanto a los actos administrativos definitivos o de trámite que emitan y a los procedimientos que desarrollen. Asimismo, se aplicará a los Órganos Legislativo y Judicial, la Corte de Cuentas de la República y, en general, a cualquier institución de carácter público, cuando excepcionalmente ejerza potestades sujetas al derecho administrativo.

Es importante resaltar que esta ley, establece expresamente los principios a los cuales deberá sujetar su actuación:

  1. Legalidad: La Administración Pública actuará con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, de modo que solo puede hacer aquello que esté previsto expresamente en la Ley y en los términos en que ésta lo determine;

 

  1. Proporcionalidad: Las actuaciones administrativas deben ser cualitativamente aptas e idóneas para alcanzar los fines previstos, restringidas en su intensidad a lo que resulte necesario para alcanzar tales fines y limitadas respecto a las personas cuyos derechos sea indispensable afectar para conseguirlos. En este supuesto, deberá escogerse la alternativa que resulte menos gravosa para las personas y, en todo caso, el sacrificio de éstas debe guardar una relación razonable con la importancia del interés general que se trata de salvaguardar;

 

  1. Antiformalismo: Ningún requisito formal que no sea esencial debe constituir un obstáculo que impida injustificadamente el inicio del procedimiento, su tramitación y su conclusión normal. Asimismo, la Administración debe interpretar los requisitos esenciales en el sentido que posibilite el acceso a los procedimientos y el pronunciamiento de una resolución de fondo;

 

  1. Eficacia: La Administración, antes de rechazar el inicio del procedimiento o recurso, su conclusión anormal o la apertura de un incidente, debe procurar la reparación o subsanación de cualquier defecto que haya advertido, incluso sin necesidad de prevención al interesado;

 

  1. Celeridad e Impulso de Oficio: Los procedimientos deben ser ágiles y con la menor dilación posible y serán impulsados de oficio cuando su naturaleza lo permita;

 

  1. Economía: La actividad administrativa debe desarrollarse de manera que los interesados y la Administración incurran en el menor gasto posible, evitando la realización de trámites o la exigencia de requisitos innecesarios;

 

  1. Coherencia: Las actuaciones administrativas serán congruentes con los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten por escrito y se motiven adecuadamente, sea pertinente en algún caso apartarse de ellos;

 

  1. Verdad Material: Las actuaciones de la autoridad administrativa deberán ajustarse a la verdad material que resulte de los hechos, aun cuando no hayan sido alegados ni se deriven de pruebas propuestas por los interesados; y,

 

  1. Buena fe: Todos los participantes en el procedimiento deben ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta, la cual se presume respecto de todos los intervinientes.

En síntesis, esta normativa vendrá a transformar sustancialmente la actuación de toda la Administración Pública y su relación con los particulares en todos los ámbitos.  En consecuencia con ese cambio inminente y con el objetivo de dar a conocer al público general así como a los funcionarios o empleados públicos que se verán involucrados, es que el grupo Abogados Red ha desarrollado recientemente un seminario a cargo de especialistas en la materia: Msc. Ximena Polanco, Dr. Ernesto Chamorro y Lic. Salvador Meléndez, contando con la asistencia de diversidad de público como abogados independientes, despachos profesionales, empresa privada y varias instituciones públicas.

Lic. Patricio Nolasco, Abogado y Notario

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